La agricultura para la alimentación en nuestro país, ha sufrido las consecuencias de una doble asimetría en los últimos 20 años. Por un parte, se le quitó el apoyo a nivel nacional, cuando se creyó que nuestro mundo debería girar alrededor de empresas multinacionales y de la venta de nuestras tierras más valiosas a extranjeros. En ese marco, ha habido subsidios y exoneraciones para la inversión extranjera, pero no para nuestros agricultores. A esa asimetría, se suma la generada por los subsidios a la agricultura de los países desarrollados, lo que incrementó la oferta mundial y deprimió los precios para nuestra agricultura.
Los grandes productores disponen de capital, maquinaria y recursos para invertir en la preparación de terrenos, y en la reconversión de sus actividades hacia la producción de alimentos. Los pequeños y medianos propietarios no disfrutan de esas condiciones y ante el desprecio y el olvido a que han estado sometidos desde que se iniciaron los Programas de Ajuste Estructural, no van a estar dispuestos a asumir una vez más el riesgo de reactivar sus fincas.
Por ello urge un programa de apoyo para los pequeños y medianos agricultores, muchos de los cuales han abandonado sus tierras o las tienen subutilizadas después de 20 años de políticas neoliberales.
Este programa debe contemplar:
PRIMERO, crédito subsidiado, tanto para operación como para inversiones de capital. Para ello es necesario agilizar todo lo posible Banca de Desarrollo. Persuadir al agricultor para que nuevamente tome riesgos e invierta en renovación de tierras y en maquinaria, casas de trabajadores, etc.; no será fácil.
Por ello, es necesario, en SEGUNDO lugar, garantizarle facilidades de acopio, precios y mercado, por un número determinado de años. Dichosamente, aún existe el CNP con la normativa legal que le permitiría ofrecer esas garantías.
TERCERO, las otras instituciones del sector deben fortalecerse para brindar asistencia técnica y semillas mejoradas.
CUARTO, se debe agilizar dramáticamente la inscripción de agroquímicos genéricos para que los agricultores tengan acceso a insumos más baratos y de buena calidad.
QUINTO, las instituciones del Estado especializadas en la promoción de exportaciones deben reorientarse para ayudar casi de manera exclusiva a los pequeños y medianos productores.
SEXTO, debe crearse o fortalecerse el seguro de cosechas. Las instituciones aseguradoras (tanto el INS, como las que llegaran al amparo de la nueva legislación), no deberían tener problemas para entrar en este mercado con primas razonables, en vista de las expectativas de mediano plazo de precios elevados en los alimentos.
SEPTIMO, es necesario adecuar la Ley de Bienes Inmuebles, -Ley Nº 7509- para incentivar la permanencia del verdadero agricultor, evitando que para propósitos impositivos, se vea afectado por usos lucrativos de la tierra vecina (turismo, condominios, comercio, etc.)
Es necesario que los pequeños y medianos tengan garantía de que venderán sus cosechas a precios superiores a los costos, por un período relativamente largo (al menos 15 años). Creemos en el PAC que debe procederse a crear un Contrato de Producción Alimentaria (CPA), que contemple el compromiso del Estado a adquirir un máximo de un 80% de la producción de cada agricultor correspondiente a un área predeterminada, a un precio que supere los costos unitarios de producción y que varíe de acuerdo a cómo evolucionen esos costos. Como contrapartida, el agricultor se comprometería a utilizar técnicas modernas de producción y a jornadas laborales no inferiores a 8 horas diarias.
El Gobierno tiene en el CNP y su Ley Orgánica, el instrumento jurídico (artículos 3, 5 -incisos n-, 29 -inciso p- y 47) y la vocación institucional para poner en práctica este urgente programa.
Existe una alta probabilidad de que el Estado no tenga que hacer ninguna erogación. Pareciera que las condiciones del mercado de alimentos, se caracterizarán por escasez y altos precios en las próximas décadas. Pero debe procederse con este programa de garantías aun si fuese necesario presupuestar recursos, para compensar la asimetría con que se ha tratado a este sector en los últimos 25 años, en comparación con el tratamiento tributario e institucional otorgado -quizá correctamente- a las grandes corporaciones dedicadas a la exportación y al turismo.
No se deberían tener pudores ideológicos para impulsar el programa aquí propuesto, en el tanto a actividades donde prevalecen grandes empresas, en su mayoría extranjeras, se les ha otorgado ese tipo de garantías a un costo muy elevado para las finanzas públicas.
A manera de ejemplo, recordemos que por medio de los CATs se garantizó un 15% de precio adicional a los exportadores que vendían productos no tradicionales a Estados Unidos, y un 20% a los que vendían a Europa. Asimismo, en los contratos de cogeneración se garantizaba a los cogeneradores privados mercado para su producción total y la tarifa más elevada de acuerdo a los costos de producción del ICE. De igual manera, la Ley de Concesiones garantiza mercado, estipulándole a los concesionarios de, por ejemplo carreteras, un número mínimo de vehículos, circulen o no circulen por la vía correspondiente.
En todo caso todos los estigmas contra la intervención del Estado para rescatar y recuperar sectores específicos hoy yacen en el cementerio de los dogmas, cuando en Estados Unidos, con la economía de mercado por excelencia, el mercado se hace a un lado cuando se trata de evitar que sus sectores estratégicos desaparezcan (ej el mismo agro, la industria textil y de acero, a lo largo de su historia, hoy el sector financiero y el de fabricación de vehículos). El agro es estratégico para Costa Rica pues genera el 14% del empleo y es casi el último pilar de la democracia económica que explica tantas de nuestras virtudes históricas.
Estos antecedentes eliminan cualquier excusa para el programa de garantías de mercado y precio que debería ejecutarse por el CNP.
Me parece una muy acertada propuesta, principalmente a como podemos ver hoy en día como es la primera vez en la historia de la humanidad que confluyen las tres crisis juntas: energética, financiera y alimentaria, esta última para mi es la más grave.
ResponderEliminarHasta hace pocos meses y aun en la lucha contra el TLC nos decían que la seguridad alimentaria era un dogma que caía en la ideología, y hoy vemos que teníamos razón de preguntarnos y de cuestionarnos, que el mercado no necesariamente nos iba a vender todo el alimento que íbamos a necesitar.
Dejamos de producir frijoles, arroz y otros productos, y debemos retornar a nuestros suelos, a producir todo aquello que necesitamos.
El CNP fui invisibilizado, lo necesitamos renovado y fuerte, con poderosos controles que no permitan más estafas con los CATs, para así tener un estado que sea fuerte y no caer en la lucha de si es mejor más o menos estado, sino un Estado que garantice la seguridad alimentaria de todas y tos los costarricenses.
Dejo un artículo que escribí reforzado en un escrito de mi estimado amigo Mtro: Allan Abarca Rodríguez. En el cual expreso que se deben retomar las Políticas Públicas de una manera efectiva, y de urgencia.
Llego el momento de las políticas públicas. Harold Lasswell, quien de manera visionaria abogo –desde los albores de los años cincuenta del siglo pasado- por la necesidad de crear una disciplina científica multidisciplinaria, multimétodo e interesada no solamente en el contexto general sino también en el resultado de las diversas opciones de política.
Lasswell insistía en que “una orientación hacia las políticas” de alguna manera rebasaría las especializaciones fragmentadas y podría incidir en la construcción de una ciencia social unificadora.
Esa perspectiva “lasswelliana- que hoy juzgamos tan prodiga y visionaria en nuestros días- no estuvo exenta de fuertes criticas en la década de los sesenta y los setenta dada la simbiosis del conductismo y humanismo (fe ciega en una anhelada predicción cual solución óptima), pero que al final de cuentas quería responder al ideal de la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan las sociedades, máxime allí donde la democracia y la democratización deberían encontrar abono fértil para buscar el bienestar general en concubinato con la libertad.
No sé si se confundió libertad con libertinaje económico o con ese capitalismo salvaje como lo definió Juan Pablo II.
Como estaríamos hoy si el Estado no hubiera intervenido los mercados en los EEUU y en Europa, salvando a grandes empresas y bancos con el dinero de todos los contribuyentes, supongo que la economía global ya hubiera tocado fondo de una manera impactante.
La renovada modalidad de intervención estatal –encubada en los albores de la década de los ochenta- se ha convertido en una encrucijada para quienes vaticinan la desaparición del Estado en beneficio del mercado. Si bien no deseo introducir aquí el debate sobre la disputa ideológica “mercado o estado” –discusión la más de las veces desbordada por una delirante pasión retórica- cabría pensar si más bien en lo que hemos avanzado no es en menos Estado sino más bien en una modalidad diferente de intervención estatal
Por eso no es de extrañar como incluso Lindblon le asigne a los mismos empresarios privados una categoría de “segundos servidores públicos”, tratando con ello de exaltar los múltiples engarces que en materia de políticas se efectúan entre agencias de Gobierno y la esfera privada, tales como la prestación de servicios públicos o la realización de obras públicas en las que participan entes no gubernamentales.
Las instituciones públicas tienes hoy en día nuevos mecanismos de relación con los agentes privados y por eso no son nada sorprendentes las vinculaciones novedosas que con la empresa privada se han realizado. Agentes privados realizan muchas funciones –otrora de ejercicio exclusivo de entes estatales- afectando a toda la sociedad aunque ellos no sean gubernamentales en su esencia (vg. Producción de electricidad, venta de gas, construcción de vías públicas, transporte público, telecomunicaciones con la nueva apertura, gestor de puertos, si se logran dar en concesión, administrador de cárceles, que por cierto fue un intento frustrado, etcétera).
Además una redefinición de los sindicatos tan satanizados, ya que ellos son parte de la solución y no son parte del problema como bien lo ha definido el presidente Barack Obama.
Debemos remozar nuestra democracia y no pensar si es más o menos Estado, sino un Estado que sea eficiente en políticas públicas y no dejar a la libre las decisiones de personas, que al final son unos pocos, que intervienen en las finanzas de las empresas, en las bolsas de valores y toman decisiones erróneas que al final han traído la quiebra de múltiples empresas, dejando en la calle a millones de personas y vemos desconcertados un futuro incierto en el concierto de las naciones.
Mi parece una posición bastante acertada con respecto al agro. Desde la industrialización o la aparición del capitalismo manchesteriano la agricultura ha caminado detrás de la industria en el desarrollo económico de los países. Y eso los países desarrollados lo han entendido muy bien ya que han sostenido la agricultura a base de subsidios. Eso ha hecho que la gente se mantenga en sus comunidades rurales y no se traslade a las zonas urbanas creando villas de miseria como sucede en nuestra Latinoamérica. O sino que lo digan los habitantes de estados agrícolas de los EEUU como Montana, Dakota del Sur o el mismo Iowa. Que sino fuera por los subisidios al trigo y la base militar que ahí pone el Gobierno Federal estarían más despoblados de lo que están y viviendo en el Harlem New Yorkino o en el este de Los Angeles. También el sistema capitalista se basa en consumo y el gran generador de ingreso y de empleo es este último. Al tener los agricultores ingresos pueden consumir y contribuir a generar empleo y ingreso. Los países desarrollados a pesar de que tienen los ingresos para comprar sus alimentos en el exterior como se nos propuso aquí por los economistas liberales en los últimos 20 años y consolidados en los programas de ajuste estructural como usted dice Ottón mantienen su agricultura y su soberanía alimentaria no solo por la Guerra también por estas crisis como la actual. Costa Rica ya no es un país tan dependiente de la agricultura como lo fue hace 30 o 40 años hoy los subisidos se pueden dar más si esta actividad representa el 14% de nuestra producción. Además estimularia el mercado interno y contribuiría a crear polos de desarrollo en zonas rurales. Hace poco oí decir al expresidente Carazo que en su gobierno que sufrió una crisis parecida a la actual al menos la gente tenía el arroz asegurado y a precios bajos en los estancos del CNP: que importante es para un país garantizar la alimentación a su población, un derecho básico al igual que la salud, educación y electricidad.
ResponderEliminar