La agricultura para la alimentación en nuestro país, ha sufrido las consecuencias de una doble asimetría en los últimos 20 años. Por un parte, se le quitó el apoyo a nivel nacional, cuando se creyó que nuestro mundo debería girar alrededor de empresas multinacionales y de la venta de nuestras tierras más valiosas a extranjeros. En ese marco, ha habido subsidios y exoneraciones para la inversión extranjera, pero no para nuestros agricultores. A esa asimetría, se suma la generada por los subsidios a la agricultura de los países desarrollados, lo que incrementó la oferta mundial y deprimió los precios para nuestra agricultura.
Los grandes productores disponen de capital, maquinaria y recursos para invertir en la preparación de terrenos, y en la reconversión de sus actividades hacia la producción de alimentos. Los pequeños y medianos propietarios no disfrutan de esas condiciones y ante el desprecio y el olvido a que han estado sometidos desde que se iniciaron los Programas de Ajuste Estructural, no van a estar dispuestos a asumir una vez más el riesgo de reactivar sus fincas.
Por ello urge un programa de apoyo para los pequeños y medianos agricultores, muchos de los cuales han abandonado sus tierras o las tienen subutilizadas después de 20 años de políticas neoliberales.
Este programa debe contemplar:
PRIMERO, crédito subsidiado, tanto para operación como para inversiones de capital. Para ello es necesario agilizar todo lo posible Banca de Desarrollo. Persuadir al agricultor para que nuevamente tome riesgos e invierta en renovación de tierras y en maquinaria, casas de trabajadores, etc.; no será fácil.
Por ello, es necesario, en SEGUNDO lugar, garantizarle facilidades de acopio, precios y mercado, por un número determinado de años. Dichosamente, aún existe el CNP con la normativa legal que le permitiría ofrecer esas garantías.
TERCERO, las otras instituciones del sector deben fortalecerse para brindar asistencia técnica y semillas mejoradas.
CUARTO, se debe agilizar dramáticamente la inscripción de agroquímicos genéricos para que los agricultores tengan acceso a insumos más baratos y de buena calidad.
QUINTO, las instituciones del Estado especializadas en la promoción de exportaciones deben reorientarse para ayudar casi de manera exclusiva a los pequeños y medianos productores.
SEXTO, debe crearse o fortalecerse el seguro de cosechas. Las instituciones aseguradoras (tanto el INS, como las que llegaran al amparo de la nueva legislación), no deberían tener problemas para entrar en este mercado con primas razonables, en vista de las expectativas de mediano plazo de precios elevados en los alimentos.
SEPTIMO, es necesario adecuar la Ley de Bienes Inmuebles, -Ley Nº 7509- para incentivar la permanencia del verdadero agricultor, evitando que para propósitos impositivos, se vea afectado por usos lucrativos de la tierra vecina (turismo, condominios, comercio, etc.)
Es necesario que los pequeños y medianos tengan garantía de que venderán sus cosechas a precios superiores a los costos, por un período relativamente largo (al menos 15 años). Creemos en el PAC que debe procederse a crear un Contrato de Producción Alimentaria (CPA), que contemple el compromiso del Estado a adquirir un máximo de un 80% de la producción de cada agricultor correspondiente a un área predeterminada, a un precio que supere los costos unitarios de producción y que varíe de acuerdo a cómo evolucionen esos costos. Como contrapartida, el agricultor se comprometería a utilizar técnicas modernas de producción y a jornadas laborales no inferiores a 8 horas diarias.
El Gobierno tiene en el CNP y su Ley Orgánica, el instrumento jurídico (artículos 3, 5 -incisos n-, 29 -inciso p- y 47) y la vocación institucional para poner en práctica este urgente programa.
Existe una alta probabilidad de que el Estado no tenga que hacer ninguna erogación. Pareciera que las condiciones del mercado de alimentos, se caracterizarán por escasez y altos precios en las próximas décadas. Pero debe procederse con este programa de garantías aun si fuese necesario presupuestar recursos, para compensar la asimetría con que se ha tratado a este sector en los últimos 25 años, en comparación con el tratamiento tributario e institucional otorgado -quizá correctamente- a las grandes corporaciones dedicadas a la exportación y al turismo.
No se deberían tener pudores ideológicos para impulsar el programa aquí propuesto, en el tanto a actividades donde prevalecen grandes empresas, en su mayoría extranjeras, se les ha otorgado ese tipo de garantías a un costo muy elevado para las finanzas públicas.
A manera de ejemplo, recordemos que por medio de los CATs se garantizó un 15% de precio adicional a los exportadores que vendían productos no tradicionales a Estados Unidos, y un 20% a los que vendían a Europa. Asimismo, en los contratos de cogeneración se garantizaba a los cogeneradores privados mercado para su producción total y la tarifa más elevada de acuerdo a los costos de producción del ICE. De igual manera, la Ley de Concesiones garantiza mercado, estipulándole a los concesionarios de, por ejemplo carreteras, un número mínimo de vehículos, circulen o no circulen por la vía correspondiente.
En todo caso todos los estigmas contra la intervención del Estado para rescatar y recuperar sectores específicos hoy yacen en el cementerio de los dogmas, cuando en Estados Unidos, con la economía de mercado por excelencia, el mercado se hace a un lado cuando se trata de evitar que sus sectores estratégicos desaparezcan (ej el mismo agro, la industria textil y de acero, a lo largo de su historia, hoy el sector financiero y el de fabricación de vehículos). El agro es estratégico para Costa Rica pues genera el 14% del empleo y es casi el último pilar de la democracia económica que explica tantas de nuestras virtudes históricas.
Estos antecedentes eliminan cualquier excusa para el programa de garantías de mercado y precio que debería ejecutarse por el CNP.
